Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones del MTC INTERVIENEN E INCAUTAN EQUIPOS EN 93 EMISORAS PIRATAS DE LIMA, AREQUIPA Y PUNO

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                                                                                 BOLETIN INFORMATIVO

Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones del MTC INTERVIENEN E INCAUTAN EQUIPOS EN 93 EMISORAS PIRATAS DE LIMA, AREQUIPA Y PUNO

En lo que va del presente año, 93 emisoras informales, más conocidas como “radios piratas” de Lima, Arequipa y Puno han sido intervenidas e incautados sus equipos, por la Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones (DGCSC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El Director de la DGCSC, Lorenzo Orrego Luna, dispuso estos operativos inopinados en razón de que en estos departamentos había más presencia de radios piratas. Las ciudades donde se intervino son: Paucarpata, Majes y Chiguata en Arequipa.  Ate,  El Agustino, Puente Piedra, Los Olivos y Comas en Lima.  Solo en Juliaca,  Puno se intervino a 30 emisoras clandestinas.

La mayoría de estos casos están relacionados con la indebida utilización del espectro radioeléctrico, por lo cual se dispuso ejecutar la incautación de los equipos y la clausura de la estación radiodifusora, para ello contaron con el apoyo de la fuerza pública y la intervención del Ministerio Público.

Precisamente la Coordinadora de Medios Perú había solicitado al Fiscal de la Nación y al MTC, realizar estos operativos y  erradicar la piratería radial, porque perjudica a las radioemisoras que operan correctamente.

Los bienes y equipos utilizados por las estaciones de los servicios de radiodifusión que hayan sido decomisados, pasarán al dominio del Ministerio y serán destinados a los servicios de radiodifusión educativa o comunitaria, en áreas o lugares donde no se cuente con ellos.

Las multas por el uso del espectro radioeléctrico sin autorización del MTC llegan a 50 UIT (S/.190,000.00). Y hasta 30 UIT (S/. 114,000.00) para las personas o entidades públicas o privadas que contraten publicidad en estaciones de radiodifusión ilegales. Respecto a las sanciones penales, según el numeral 6 del artículo 186º del Código Penal, éstas podrían ser de 4 a 8 años de cárcel. En caso de verificarse que el sancionado continúa con su conducta irregular, se podrá imponer nueva sanción.

Por falta de reglamentación y atención a acogimientos LEY 30216 GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA Y CONFLICTO PARA LA RADIODIFUSIÓN

Una vez más la demora en la tramitación y atención de las solicitudes por parte de los órganos responsables de los servicios de radiodifusión del MTC, está generando conflictos, enfrentamientos, desconcierto e incertidumbre entre los radiodifusores que se  han acogido a la Ley 30216, norma denominada comúnmente como “Ley de amnistía y regularización de estaciones canceladas”.

Decenas de emisoras que habían dejado de operar porque habían sido canceladas, luego reinician sus operaciones como uno de los requisitos obligatorios para acogerse a los beneficios de la Ley 30216; sin embargo todas ellas se encuentran en la incertidumbre porque sus competidores las tildan de “piratas” e “ilegales” y en el MTC, a pesar de haber transcurrido más de 9 meses, no les dan una respuesta a sus acogimientos.  No  saben si seguir invirtiendo o paralizar sus operaciones.

En tanto los propietarios de las emisoras que siempre operaron correctamente, cumpliendo con todos sus pagos y obligaciones, rechazaron esta medida y criticaron al MTC: “La demora en la atención de este tipo de solicitudes genera y promueve la “piratería radial” y la “ilegalidad”. Mientras no tengan la aceptación del otorgamiento de los beneficios, no deberían estar operando. Esa es una competencia desleal promovida por el mismo Estado”, señalaron mortificados algunos los radiodifusores.

Los abogados especialistas en la materia señalan que “el MTC genera inseguridad jurídica al no reglamentar la Ley 30216 y no atender las solicitudes de acogimiento a los beneficios. La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que significa que un proceso se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido; sin embargo en estos casos, el MTC no otorga esa previsibilidad”.

La demora también genera perjuicios económicos y freno a las inversiones (que tanto preocupa a este Gobierno),  porque impide que los radiodifusores que se acogieron a los beneficios de la Ley 30216, puedan seguir invirtiendo en sus “estaciones recuperadas”.

Un aspecto aún más grave es el accionar de algunos inescrupulosos personajes que aprovechando los términos de la Ley 30216, han vendido o revendido sus autorizaciones de radio y televisión, como si la autorización estuviera vigente y su documentación correctamente saneada en el MTC.

Algunos de estos casos ya están en la vía judicial y han incluido al MTC como parte responsable de la estafa. Los argumentos son la falta de una adecuada información y publicidad de las resoluciones de las radioemisoras canceladas, para diferenciarlas de las correctamente operativas.

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