Policías ya podrán ingresar a casa sin una orden judicial

La Policía Nacional a partir de las medidas de protección incluidas en el decreto legislativo 1386 que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, podrá ingresar en los hogares donde se desarrollen actos de violencia contra mujeres o integrantes del grupo familiar, a fin de retirar al agresor, quien estará prohibido de regresar al domicilio.

Además, el decreto indica también la proximidad entre la victima y el agresor. A partir de ahora, éste no podrá buscarla a su domicilio, trabajo, centro de estudios u otros lugares donde ella realice sus actividades cotidianas. En todo caso, deberá mantenerse a una distancia idónea para garantizar la seguridad e integridad de la víctima.

La Comisionada de la Adjuntía para los derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Erika Anchante consideró que debido a que ahora la policía podrá ingresar al domicilio o intervenir el lugar donde ocurren los hechos servirá para ser decisivo con los agresores también en casos donde ocurra violencia verbal.

“Muchas veces los policías se veían limitados en ese tipo de acciones porque terminaban denunciados por violación de domicilio al no contar con una orden judicial para ingresar a la casa. Pero ahora, al tratarse de situaciones de flagrancia, ya no existirá esa restricción. Además, procederá el arresto ciudadano del agresor para ponerlo a disposición de las autoridades”, comentó Anchante.

Además, con el objetivo de terminar con la violencia hacia la persona que realiza la denuncia, éste tiene prohibido comunicarse con la victima. Con esta medida la comunicación por teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales, redes institucionales u otras formas de comunicación.

“Que el agresor no tome contacto con la victima evitará que ocurran nuevos hechos de violencia, porque el solo hecho de decirle una palabra horrenda o una amenaza, es ejercer violencia ante una víctima que ya se encuentra a una situación de vulnerabilidad”, anotó la experta.

Asimismo, la victima recibirá una asignación económica de emergencia que será depositada a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición. La asignación será lo suficientemente idónea para evitar que se mantenga en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. Cabe precisar que esta asignación comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la victima y las de sus dependiente.
Al mismo tiempo, la persona denunciada esta prohibido llevarse a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Y es que para Anchante esta situación es muy común para que el agresor se lleve a los menores de la casa; mientas que la persona afectada esta en busca de ayuda.
“Esta medida va en sintonía con las modificaciones al Código Penal que establece que, en delitos de lesiones contra la madre o los menores de la familia, así como en delitos de feminicidio, el padre -en este caso el agresor- puede perder la patria potestad”.

En tanto, el agresor esta prohibido de tener y portar armas, siendo notificado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). No obstante, de ser integrante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad, que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado notificará a la institución para los fines de esta disposición.

Cabe precisar que la norma también dictamina el tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora, así como el tratamiento psicológico de la victima a fin que pueda recuperarse emocionalmente.
Entre tanto, la Comisionada de la Defensoría del Pueblo descatacó que ahora la victima sólo tendrá una única entrevista para detallar su caso. Solo en casos muy necesario el juez podrá practicar una diligencia de declaración ampliatoria.
“Todo el tiempo las mujeres venían y tenían que narrar los hechos de violencia a la policía y cuando el informe pasaba al juzgado de familia se le citaba para darle medidas de protección y otra vez tenían que declarar. Luego cuando el juez dictaba la medida de protección y pasaba el expediente a la fiscalía penal se consideraba otra citación y nuevamente se pedía escuchar a la víctima. Con esta medida evitaremos la revictimización”.
Destacó además que la norma permita hacer denuncias de violencia ante la fiscalía penal y de familia.
“Si bien las comisarías pueden estar más cerca de la población, siempre hubo quejas por la atención de las víctimas. Lo interesante es que no son excluyentes, es decir que ahora se suman nuevos espacios para hacer la denuncia”, indicó.

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