“Linchar” a los delincuentes puede costarte caro.

El 90% de peruanos se siente inseguro en las calles, según reciente sondeo de Ipsos para El Comercio, y gran parte de ellos ve a la policía y serenazgo superados por el crimen. El 60% de quienes desaprueban la gestión de Ollanta Humala lo hace por la falta de seguridad.

De ahí la iniciativa de chorrillanos, victorianos y moradores de Villa María del Triunfo, quienes aquel viernes golpearon al presunto miembro de la banda Los Malditos de Pamplona, Yimi Navidad Rojas (31), luego de que robara el celular de una vecina. Por la tunda, nadie fue detenido. Según fuentes policiales, los implicados señalan que la golpiza se dio en un arresto ciudadano y no reconocen haber faltado a la ley con ello.

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En la última semana, las redes sociales han visto la aparición de páginas que exhortan a golpear a delincuentes hasta dejarlos paralíticos, ante la inoperancia de las fuerzas del orden. Violencia contra la violencia. Y, eventualmente, delito contra delito.

NORMA PARA TRABAJAR

El arresto ciudadano, figura legal contemplada en la Ley 29372 y en los artículos 259 y 260 del Código Penal, está vigente desde julio del 2009 en el país. El texto detalla que toda persona puede arrestar a quien se detecte en flagrante delito.

No obstante, esta facultad es mal utilizada por los grupos antes mencionados, aseveró el abogado penalista Carlos Caro. La pobre difusión y capacitación de la ciudadanía sobre esta potestad se suma al problema.

“En las campañas de prevención del crimen de otros países de la región, como Brasil y Chile, el arresto ciudadano es una política de Estado. Su difusión, asimismo, debe ir fuertemente acompañada de información sobre los peligros de realizar linchamientos y golpizas, pues el uso de violencia no está mencionado en la ley”, opinó Caro.

Las personas que participan en la violencia contra los delincuentes se exponen a ser denunciadas por el delito de lesiones graves que –según el artículo 121 del Código Penal– se castiga con una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. En caso de que la violencia cobre una vida, los involucrados serán denunciados por homicidio, pudiendo ir a la cárcel hasta por 35 años.

fuente: el comercio

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